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OCT 10 La jubilación no es ganancia

La Corte Suprema en caso “García, María Isabel c. AFIP”, del 26/3/2019, afirmó  que el impuesto a las ganancias que se carga sobre los beneficios previsionales, tal como está normado, es inconstitucional, toda vez que confiere un tratamiento no diferenciado a un colectivo no homogéneo como es el de los jubilados, pensionados y retirados; lo      que parece afirmar lo expresado en el título, aunque las leyes impositivas digan lo contrario.

 

El 8/10/2019 la Sala “A” de la Cámara Federal de Córdoba revocó, en el caso “Avancini”, la resolución de primera Instancia por el que se rechazaba la medida cautelar solicitada por la jubilada, que consistía en el cese de la retención del tributo hasta que se resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada, es decir, mientras dure el litigio. Es la primera medida cautelar que se otorga en la Provincia y la tercera en el país en lo que respecta a la retención del impuesto a los jubilados.

 

El Tribunal de alzada entendió que se reunían los requisitos para la procedencia de la cautelar solicitada, ello en función de los lineamientos establecidos por la Corte en “Carderale” y “García, María Isabel”, atendiendo la obligatoriedad de los tribunales inferiores de seguir los precedentes de la Corte Suprema de en casos análogos. Con ello, se ratifica la inconstitucionalidad de la retención del impuesto a las ganancias en lo que respecta a los beneficios previsionales.

 

La regulación actual del impuesto a las ganancias (en lo que respecta a los beneficios previsionales) es inconstitucional, como indica esta jurisprudencia. Por lo que hasta que el legislador no lo regule correctamente, los jubilados que acudan al Poder Judicial deben ser eximidos del tributo.

 

El pasado 1º de octubre, en el caso “Iglina” –-donde se resuelven 30 causas-, el máximo Tribunal no hizo más que complementar los fundamentos por los que la normativa atenta contra la Constitución Nacional. Ratificando el fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, entre los cuales está el muy conocido caso “Calderale”, cuyos argumentos adicionales consisten, en síntesis, en lo contradictorio que resultaría reconocer que los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad y proporcionalidad, y a la vez tipificarlos como una renta, enriquecimiento, rendimiento o ganancia gravada por el propio Estado, que es el máximo responsable de velar por la vigencia y efectividad de estos principios constitucionales.

 

No existe a la vista, en un futuro cercano, posibilidad alguna por parte del Congreso en reformar la Ley, atendiendo la exhortación de la Corte. Su escaso funcionamiento en los últimos tiempos sorprendentemente está batiendo records. En consecuencia, a los jubilados se les seguirá reteniendo el impuesto a las ganancias. La única vía posible para evitarlo es la judicial. Tal como ocurre con los centenares de miles de juicios iniciados contra ANSeS por reajuste de haberes (en su gran mayoría con resultado favorable para el jubilado), y que los Gobiernos de turno optan por dilatar el camino judicial en vez de ajustar la normativa a lo que indica la Constitución y la Corte, como ocurrió con el conocido caso “Badaro”.

 

Si se parte de la base que el sistema republicano de gobierno lleva ínsito la confianza en el Poder Judicial por parte del Pueblo y que “Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial” (según lo manifestara el presidente de la Corte en el discurso de apertura del año judicial 2019), los Tribunales inferiores tienen el deber de seguir los precedentes de la Corte, lo que no siempre hacen. Si se concuerda lo dicho por Alberdi en sus “Bases...” en el sentido que “el respeto al Presidente no es más que el respeto a la Constitución”, y que lo mismo aplica a la Corte y sus pronunciamientos en tanto Suprema y último intérprete de la Constitución y de las leyes.

 

No puede ignorarse que la pérdida de calidad de vida es irrecuperable, a diferencia del dinero. Ello en función de que para la AFIP, la retención del tributo en cuestión no es más que eso, dinero. Para el jubilado es calidad de vida.

 

                                                 Córdoba, octubre de 2019.

 

*Abogados.