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MAY 20 JUBILADOS NACIONALES: LA PARADOJA DE UN AUMENTO QUE DISMINUYE

JUBILADOS NACIONALES: LA PARADOJA DE UN AUMENTO QUE DISMINUYE.-
Por Juan Pablo Gaido*
El 18 de mayo de 2020, el Poder Ejecutivo anunció el llamado “aumento” de los haberes previsionales correspondientes al mes de junio, en función del Art. 55 de la ley 27.541 de Solidaridad Social y Emergencia productiva, sancionada en diciembre de 2019 que suspende el régimen de movilidad jubilatorio por el plazo de 180 días.
La nueva determinación de los haberes jubilatorios es claramente inferior a la que les hubiere correspondido a los jubilados con la fórmula suspendida. Esto implica la inconstitucionalidad de la decisión por ser violatorias del derecho de propiedad (art. 17 C.N.). En palabras de la Corte Suprema de Justicia en el Fallo “Martínez López”, “Las jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia o un favor concedido por el Estado, sino que son consecuencia de la remuneración que percibían como contraprestación laboral y con referencia a la cual efectuaron sus aportes, y como debito de la comunidad por dichos servicios, por lo que una vez acordados configuran derechos incorporados al patrimonio y ninguna ley posterior podría abrogarlos ni disminuirlos mas allá́ de lo razonable”. Por lo tanto, un recorte de estas características es una clara confiscación de la propiedad de los jubilados, lo que se agrava por el hecho de ser los haberes jubilatorios, prestaciones de indudable contenido alimentario.
Otro detalle a destacar, es el aplanamiento de la curva de beneficios; en donde los más altos bajan y los más bajos suben. Mayor cantidad de gente pasa a engrosar el colectivo de “jubilaciones mínimas”.
Esta discriminación afecta doblemente al colectivo de jubilados que mas aportaron al sistema, que ya venían siendo perjudicados por la retención del impuesto a las ganancias por parte de la AFIP. Ya sostuvo la Corte Federal, en el caso “García” –al declarar la inconstitucionalidad del modo en que normaba la retención- que el Congreso debía dictar una nueva ley sobre este particular, sin que a la fecha lo haya realizado; hoy la consecuencia se ve en la justicia, dado que obligan al jubilado a recurrir a ella para evitar la retención de esta gabela.
Es la Constitución Nacional la que la garantiza jubilaciones y pensiones móviles. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en “Badaro” que tal reglamentación debe ser razonable y no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral, de modo que no se hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social.
A su vez, vulnera tratados internacionales suscriptos por nuestro país y que establecen el principio de progresividad de los derechos de los adultos mayores. Solo como ejemplo, vale citar la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” (Ley nro. 27.360) o “El Protocolo de San Salvador” (Ley nro. 24.658), en donde se suscribió la premisa esencial y básica de tutela al ingreso de los adultos mayores.
Sorprendió la forma en que fue anunciada esta medida, al presentarse como un aumento de haberes previsionales de marzo y junio, como una medida positiva para este sector; cuando, en realidad, es exactamente lo contrario. No tanto por los artilugios que se usaron para hacer creer a la comunidad que en realidad estos incrementos beneficiaban a los jubilados, sino por compararlos con estadísticas correspondientes al primer semestre del año 2020, siendo que dichos aumentos corresponden a los periodos correspondientes al segundo semestre de 2019.
Aquí se evidencia una ilegalidad de los aumentos y una vulneración a derechos adquiridos por lo jubilados, en cuanto a que se produce una modificación en la forma de cálculo de la movilidad por periodos que ya estaban devengados y que, en todo caso, solo podría surtir efecto en periodos posteriores.
En definitiva, esta no es más que una medida que afecta los derechos de los jubilados, los cuales vienen siendo lastimados  desde antaño. Es un grupo social carente en gran medida de capacidad de protesta y acción social, por lo que debe ser el personal en actividad y la población en su conjunto quienes se movilicen en defensa de nuestros adultos mayores. En tiempos que el adjetivo “solidaridad” se ha resignificado, hoy el mismo debe generar contagio para proteger o levantar banderas a favor de uno de los sectores que más tutela debe tener; dado que, en algún punto del tiempo, todos de modo inexorable llegaremos a caminar esa senda.
Bell Ville, mayo 2020*Abogado del estudio Gentile Saravia.